Resumen: El trabajador como persona que no prestaba servicio se deriva de la propia manifestación de D. Gabriel. Esta circunstancia en ningún momento resulta negada en la demanda. Con ocasión del presente procedimiento no se ha desplegado prueba alguno destinada a justificar la realidad de la prestación de servicio del trabajador ni tampoco la documentación que permitiera entender que, a la fecha en que se acuerda la baja de oficio, (5 de octubre de 2020), se hubiera prorrogado la situación de ERTE que pudiera derivarse de la Resolución de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en el expediente de regulación de empleo NUM001, que en principio limitaba sus efectos a la vigencia del estado de alarma, y que el específico contrato del trabajador en el que se centraron las pesquisas se encontraba entre los afectados por una posible medida de suspensión de los contratos.
Resumen: La sentencia apelada desestimó el recurso contra la resolución sancionadora por una infracción grave consistente en no formular propuesta obligatoria de alquiler social. En la sentencia de apelación se considera que no existe carencia sobrevenida de objeto por la declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos de la ley catalana de vivienda, que no afectó a la obligación de formular propuesta obligatoria de alquiler social. Entrando en el fondo, la controversia se plantea en orden a dirimir si la actora incumplió la obligación de presentar una propuesta de alquiler social o, por el contrario, si existió una oferta que no cumplía los requisitos legales en el momento de ser formulada, lo cual se entiende relevante desde el punto de vista del principio de tipicidad, puesto que el tipo aplicado es el de incumplimiento de deber de formular la propuesta obligatoria, y no el de incumplimiento de los requisitos legales en la propuesta formulada. En el caso, se considera acreditado que existió propuesta de alquiler social, si bien no cumplía todos los requisitos legales, por lo que la resolución sancionadora no cubre las exigencias del principio de tipicidad, el cual resulta vulnerado tanto con la sanción de una conducta atípica, como con la sanción de un hecho típico que no es subsumible en el concreto tipo aplicado por la autoridad sancionadora, como aquí ha sucedido con infracción de la garantía de motivación, de lo que resulta la anulación de la sanción.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
